TRIBUNA | Por Francisco Escribano Hinojosa
El acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea se ha presentado como una gran oportunidad estratégica, pero detrás del discurso diplomático se esconden riesgos evidentes que podrían afectar de forma directa a países como España.
En primer lugar, el impacto sobre el sector agrícola europeo sería considerable. La entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de Brasil, Argentina o Paraguay —carne, soja, azúcar— a precios mucho más bajos, gracias a menores costes laborales y regulaciones medioambientales más laxas, supondría una competencia feroz para agricultores y ganaderos españoles. En un país donde el campo ya sufre despoblación, márgenes reducidos y fuerte presión regulatoria, este acuerdo podría convertirse en la puntilla para miles de explotaciones familiares.
Además, existe una clara asimetría normativa. Mientras los productores europeos deben cumplir estrictas exigencias sanitarias, laborales y climáticas impuestas por Bruselas, muchos productores sudamericanos operan bajo estándares menos rigurosos. Esto no solo genera competencia desleal, sino que también contradice el discurso ambiental que la propia Comisión Europea promueve dentro del Pacto Verde.
Otro aspecto preocupante es la dependencia estratégica. En un contexto global de tensiones comerciales y búsqueda de autonomía económica, abrir aún más el mercado europeo sin garantías sólidas puede debilitar sectores industriales sensibles. España, con un tejido productivo compuesto en gran parte por pymes, podría ver cómo determinadas industrias manufactureras pierden competitividad frente a importaciones más baratas.
Por último, el acuerdo genera dudas sobre su impacto medioambiental global. El aumento de exportaciones agrícolas desde Sudamérica puede incentivar la deforestación en zonas como la Amazonía, lo que entra en conflicto directo con los compromisos climáticos europeos.
En resumen, lejos de ser un triunfo indiscutible, el acercamiento al Mercosur podría traducirse en presión sobre el campo español, tensiones industriales y contradicciones ecológicas. La pregunta no es si habrá beneficios macroeconómicos agregados, sino quién pagará realmente el coste de esa apertura comercial.
