La Ley de la Cadena Alimentaria es uno de los principales motivos detrás de las movilizaciones de los agricultores y ganaderos, que se siguen intensificando con bloqueos de carreteras y tractoradas, en protesta contra el descontento ante las políticas agrarias y leyes del campo, que afectan a las condiciones económicas y sociales del sector.
El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a las movilizaciones de los agricultores haciendo hincapié en la correcta regulación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que ha calificado como “una de las principales leyes transformadoras” para el sector y como una legislación «que trajo justicia y transparencia a toda la cadena de valor alimentaria».
Sánchez propone un refuerzo de la legislación alimentaria para que todos los eslabones de la cadena cuenten con un cumplimiento real de los precios. Además de pretender una simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y la implementación de las cláusulas espejo para conseguir igualdad de competencia entre los productos.
Siguiendo esta línea, el ministro Luis Planas resaltó en la sesión de control de Gobierno del 7 de febrero la “eficacia” de la Ley de Cadena Alimentaria y lo ejemplificó con la comparación de precios de la leche de vacuno, que ha incrementado su valor “al nivel máximo de la Unión Europea” tras la reforma de la ley, consiguiendo que los ganaderos no vendan a pérdidas.
De esta manera, los diversos partidos políticos se han sumado a elaborar propuestas y exponer su apoyo a las reivindicaciones para mejorar la legislación alimentaria.
Entre las iniciativas de los portavoces de los partidos se encuentra la triplicación de la multa por el incumplimiento de la legislación alimentaria propuesta por Podemos, así como la mejora de la distribución de la renta dentro de la cadena alimentaria planteada por Sumar.
Al margen de la Ley de la Cadena Alimentaria, el PSOE propone modernizar los regadíos para conseguir un “modelo de regadíos sostenible”, mientras que VOX propone eliminar las políticas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, o lograr “la soberanía alimentaria y la eliminación de la competencia desleal”.
¿Qué es la cadena alimentaria?
La Ley de la Cadena Alimentaria es una de las leyes de agricultura por la que se han movilizado los profesionales del campo, quienes la catalogan como “insuficiente” y piden que se refuerce su seguimiento.
Esta legislación alimentaria se aprobó en 2013, y su última modificación se realizó en diciembre de 2021, dando lugar a una nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Su objetivo es mejorar el funcionamiento de la cadena para aumentar la eficacia y competencia del sector agroalimentario.
La Ley de la Cadena Alimentaria pretende corregir los desequilibrios de los costes en las relaciones comerciales entre agricultores e intermediarios dentro de la cadena de valor de los productos alimenticios, garantizando así una competencia justa.
La causa de la reforma de la ley fue la desregularización de los precios, que sufrían alteraciones por los intermediarios de la cadena. De esta forma, estipula la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria bajo sanciones que pueden llegar a alcanzar más de 3.000 euros de media por su incumplimiento.
Esta última reforma de la ley incluye un registro digital de contratos voluntario disponible desde el 31 de diciembre de 2023, pero la obligatoriedad de su inscripción llegará en junio. Otras novedades añadidas a la nueva Ley de la Cadena Alimentaria son la ampliación de los productos bajo su amparo y la protección de los agricultores y ganaderos al exportar sus productos a otros países de la Unión Europea.
¿Cómo afecta la Ley de la Cadena Alimentaria a los profesionales del campo?
Los agricultores y ganaderos deben hacer frente a los costes de producción, que engloban el agua, los fertilizantes y otro tipo de materias primas. El encarecimiento de los precios, junto con la inestabilidad política generada por la guerra en Ucrania, han hecho que los costes de los insumos aumenten, provocando pérdidas económicas para los trabajadores del campo.
Los profesionales denuncian que la legislación alimentaria no se ha llevado a cabo correctamente y que siguen enfrentándose a ventas por debajo de su coste, provocando pérdidas económicas que afectan directamente a su producción.
Exponen la necesidad de reforzar esta norma y proponen tener índices de precios referenciados que contemplen los costes de producción de cada alimento y, por tanto, tener un control más exhaustivo de la venta por debajo de dichas referencias. Así, pretenden incrementar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario.
Fuentes
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
- La Moncloa.
- Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
