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Personajes Agro 2022 | «El relevo generacional en la agricultura debe ser un asunto de Estado», Eduardo Moyano

Eduardo Moyano, Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba

Eduardo Moyano, Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba y Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983), es investigador y catedrático en el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC). Entre 2009 y 2013 fue Director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Su conocimiento del sector agrario y sus análisis certeros le han llevado a ser una de las voces académicas a la que responsables políticos, periodistas y representantes de organizaciones agrarias, escuchan con más atención. Es autor de numerosas publicaciones y realiza una intensa labor divulgativa.

Eduardo Moyano es el coordinador del â€œAnuario 2022 de la Agricultura Familiar en España” de la Fundación de Estudios Rurales, que acaba de presentarse, y en el que Cocampo participa con un artículo.

PREGUNTA. El Anuario se considera una obra de referencia para conocer el pulso del sector agrario y su situación. ¿Qué podemos encontrar en esta última edición?

RESPUESTA. El Anuario de este año es el número veintinueve y siempre es un reflejo de los temas de actualidad en la agricultura y el medio rural. Empezamos a diseñarlo casi al final del año anterior y vamos buscando para los distintos temas los expertos más adecuados.

Tiene una treintena de artículos y cubre campos muy variados. Intentamos combinar las experiencias prácticas con los artículos de reflexión para que no solo sea un documento de análisis, sino que el lector pueda encontrar experiencias prácticas.

Los Anuarios ponen de manifiesto la heterogeneidad del sector agrario, el potencial que tiene, las oportunidades…También pone el foco en los problemas para así detectarlos, definirlos y buscar soluciones. En resumen, los Anuarios son un gran fresco del sector agroalimentario español y del mundo rural.

A partir de hoy, 13 de julio, está colgado en la web de la Fundación y animo a que todas las personas lo lean y dispongan de él, porque es de acceso libre.

P. Acaba de celebrarse el Debate sobre el Estado de la Nación. ¿Cómo valora la presencia del sector en el debate político?

R. El espacio que se le dedica al sector productivo agrario en el debate político suele ser escaso, dado el peso cada vez más reducido que tiene la agricultura en la economía. Pero si ampliamos la mirada al territorio rural y al sector alimentario, vemos que se le presta una atención más significativa, dada las implicaciones medioambientales y la importancia económica de todo lo relacionado con la producción y consumo de alimentos. Además, durante la pandemia, los agricultores han demostrado ser esenciales para garantizar el abastecimiento alimentario de la población.

La política agraria ha cumplido satisfactoriamente sus compromisos

P. ¿Cuál es su balance respecto a la política agraria durante esta legislatura?

R. Desde la formación del primer gobierno Sánchez, el ministro Planas ha estado al frente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Son cuatro años en los que, en mi opinión, ha cumplido satisfactoriamente los tres grandes compromisos que asumió al hacerse cargo del ministerio.

El primer compromiso ha sido la puesta en marcha de la reforma de la PAC, una reforma muy compleja al haberse cambiado sus tradicionales objetivos (producción, mercados, modernización…) para recoger los compromisos de la UE con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, su complejidad ha sido mayor que anteriores reformas, debido a que en ésta se le ha dado a los Estados miembros de la UE un amplio margen de autonomía para elaborar sus propios Planes Estratégicos, recogiendo en ellos las singularidades de la agricultura de cada país y definiendo sus propias políticas nacionales. Todo ello ha sido un reto importante para el ministerio, en estrecha y a veces difícil negociación con las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias. Puede decirse que ese reto ha sido cumplido de forma satisfactoria al haberse presentado el proyecto de Plan Estratégico en el plazo convenido (justo ahora está finalizando la negociación del MAPA con la Comisión Europea para convertirlo en definitivo y poder aplicarse el 1 de enero de 2023).

Otro segundo compromiso ha sido la reforma de la legislación sobre la cadena alimentaria, que estaba pendiente de trasladar a la legislación española la Directiva europea correspondiente. Este compromiso del MAPA se ha cumplido al aprobarse, primero, un Real Decreto y, luego, la Ley de la Cadena Alimentaria. Con ello, el MAPA ha puesto en manos del sector un importante instrumento para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En una economía de mercado, la capacidad de los poderes públicos para intervenir es limitada, por lo que, con la nueva Ley, lo que pretende el MAPA es acompañar las relaciones de los distintos agentes (agricultores, industrias y distribución) promoviendo la cooperación entre ellos e impulsar la formalización de sus relaciones de compra-venta a través de fórmulas contractuales. Es una forma de activar un cambio cultural dentro de la cadena alimentaria, de tal modo que cada sector valore la importancia que tienen los demás sectores para su buen funcionamiento, equilibrándose la posición dentro de ella y mejorando la del eslabón más débil, que es el de los productores agrarios.

Y, en tercer lugar, se ha aprobado el proyecto de ley sobre pérdidas y desperdicio de alimentos, que era otro compromiso pendiente con la trasposición a la legislación española de las directivas europeas en esta materia. Este proyecto tiene implicaciones económicas, éticas y ambientales, y necesita también de la cooperación de las empresas (productores, industrias, distribución, canal Horeca) y de los consumidores para que pueda iniciarse un proceso de cambio cultural en materia de desperdicio alimentario, similar al que se produjo con indudable éxito hace años con la separación selectiva de los residuos sólidos.

Con estas tres acciones, junto a otras más puntuales, como las relativas al sector del aceite de oliva, la limitación del tamaño de las granjas en el sector ganadero, el decreto de sequía… el MAPA ha cumplido, en mi opinión, con sus grandes compromisos en materia de política agraria. Además, ha demostrado una gran capacidad de diálogo y concertación con las organizaciones representativas del sector, siendo sensible a las demandas y reivindicaciones planteadas en las diversas movilizaciones que se han sucedido en estos cuatro años.

P. Una de las situaciones graves e imprevistas a la que estas políticas han tenido que hacer frente es la guerra en Ucrania y su impacto en la agricultura y ganadería, ¿cómo valora las medidas que se han tomado?

R. Lo primero son las consecuencias de carácter humanitario, sin duda. Desde el punto de vista de su impacto en el sector agrario, la gravedad de los efectos que va a tener la guerra de Ucrania dependerá de cuánto se prolongue, si acabará pronto, antes de fin de año, o si se alargará en el tiempo. Estos escenarios ya se están contemplando desde la FAO por el riesgo que pueden tener para la seguridad alimentaria global, en particular para los países en desarrollo, muy dependientes de las exportaciones de cereales y de fertilizantes procedentes de Rusia y Ucrania, pero también para los países de la Unión Europea.

No es un problema al que pueda responder solo un Estado miembro, sino que precisa una acción coordinada por parte de la Unión Europea. Desde la UE se ha reaccionado dando flexibilidad a algunas de las condicionalidades ambientales que se la PAC impone a los agricultores para el cobro de las ayudas directas. Recordemos que una de esas condicionalidades es dejar en barbecho, sin cultivar, una parte de la superficie de las explotaciones en las superficies destinadas a barbecho, para así poder regenerarse los suelos agrícolas muy sometidos a la intensificación. En la agricultura tradicional siempre se dejaba descansar un tercio de la tierra (cultivo al tercio), pero con la intensificación productiva y el uso de los fertilizantes esta práctica fue abandonada cultivándose cada año todo el suelo agrícola. Con la condicionalidad del barbecho, la PAC ha buscado la regeneración de los suelos. Esto ha funcionado razonablemente bien, aunque es verdad que ha reducido la capacidad productiva europea en algunos sectores como los cereales, aumentando la dependencia de las importaciones a países como Ucrania o Rusia para satisfacer las demandas de piensos en el sector ganadero europeo. Además, es un hecho el déficit de la UE en fertilizantes, sobre todo nitrogenados, que la hace muy dependiente de las importaciones a Rusia.  La guerra de Ucrania ha hecho que la UE se plantee aumentar su capacidad productiva en cereales y oleaginosas, y por eso ha decidido flexibilizar en la PAC la medida del barbecho a fin de que los agricultores puedan cultivar en esas tierras. Pero la realidad es que esta medida, positiva, llega tarde por razones de calendario, afectando además a las tierras menos productivas. Por eso, me da la impresión que esta medida, que es buena, no va a resolver el problema del abastecimiento de cereales o de oleaginosas, y vamos a seguir teniendo problemas, que se agravarán si se prolonga la guerra y que obligará a buscar mercados alternativos (Argentina, por ejemplo).

Es el propio agricultor el que está sufriendo el cambio climático

P. Uno de los debates recurrentes en la relación de los agricultores con las políticas públicas europeas es la tensión con los criterios de sostenibilidad medioambiental y el equilibrio con los intereses económicos de agricultores. ¿Cómo valora estas críticas y los temores de los agricultores respecto al impacto en la rentabilidad de las explotaciones del ‘Pacto Verde Europeo’ y de las estrategias ‘Del campo a la Mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’?

R. Lo primero que hay que decir es que el Pacto Verde Europeo y sus dos estrategias (“De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”) son sólo documentos estratégicos de la Unión Europea que aún no se han convertido en normas de obligado cumplimiento (reglamentos, directivas…), pero que en el futuro sí pueden serlo.

En caso de que los documentos del Pacto Verde Europeo se conviertan en reglamentos o directivas sí tendrán efectos directos en las políticas europeas y particularmente en la PAC. Pero todavía eso no ha ocurrido. Por tanto, la actual reforma de la PAC no se ha visto afectada directamente por el Pacto Verde Europeo ni por sus dos estrategias. Cuando se haga la revisión futura de la actual reforma, los documentos del Pacto Verde podrán tener más influencia, si es que para entonces siguen vigentes como principios rectores de las políticas europeas. A día de hoy puede decirse que la nueva PAC responde sobre todo a los compromisos de la UE con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre cambio climático. La llamada “arquitectura verde” de la PAC es una forma de asegurar que las medidas incluidas en sus dos pilares contribuyen en un determinado porcentaje al cumplimiento de esos acuerdos. No obstante, hay que entender las inquietudes de los agricultores respecto a las nuevas orientaciones de la PAC, ya que las suyas son preocupaciones a corto plazo, que exigen respuestas inmediatas a la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones.

Sin embargo, sobre este tema es importante señalar que la enorme diversidad de la agricultura hace que los problemas sean muy variados, según los sectores y tipos de explotaciones. Por decirlo coloquialmente, los problemas van “por barrios”: hay agricultores que están haciendo pingües negocios, con actividades muy rentables, con explotaciones innovadoras, punteras, aplicando las nuevas tecnologías en el regadío, haciendo un uso muy eficiente de los fertilizantes, de la energía. Y eso se puede ver dentro de un mismo sector, como, por ejemplo, el olivar, donde hay productores con explotaciones intensivas muy rentables, o en el sector ganadero. Y luego hay un gran número de agricultores pequeños y medianos que lo están pasando mal, que tienen graves problemas de rentabilidad y que demandan respuestas y soluciones inmediatas y urgentes.

En ese contexto de pérdida de rentabilidad, este tipo de agricultores con problemas reales y tangibles perciben como una amenaza las medidas que vengan marcadas por el discurso de la protección del medioambiente, de la biodiversidad o del bienestar animal. Sean reales o no esas medidas, ellos la ven como amenazas y reaccionan oponiéndose a ellas incluso antes de que se hayan hecho efectivas.

También hay otro elemento importante que ya lo perciben algunos agricultores, pero que todavía no tienen no aprecian su gravedad lo suficiente. Me refiero a cómo está evolucionando el clima en España y en los países de nuestro entorno (temperaturas elevadas, sequías prolongadas, lluvias torrenciales en determinados periodos…). Al margen del debate sobre el cambio climático, es un hecho que los propios agricultores están sufriendo en sus propias carnes y en sus propios bolsillos estas variaciones en el clima, sobre todo si no tienen seguros agrarios. Están viendo que esto del cambio climático no es un discurso de unos cuantos intelectuales o de unos visionarios del IPCC de Naciones Unidas, sino que es algo que tiene efectos reales en el desarrollo de la actividad agraria.

Haríamos bien, sobre todo quienes tenemos capacidad de influencia o capacidad mediática y escribimos sobre estas cuestiones, en concienciar a los agricultores de que ellos son los primeros afectados y que tendrían que ser los primeros interesados en poner medidas para resolver este asunto.

Otra cosa diferente es que debe haber correspondencia, y que la UE debe poner medidas para que no haya una competencia desleal con la entrada de productos de terceros países que no cumplen las normativas ambientales (para eso están las llamadas cláusulas espejo).

En resumen, en el tema del medioambiente y del cambio climático son los agricultores los primeros afectados y harían mal en mirar hacia otro lado. Ante una coyuntura grave, como la de la guerra en Ucrania y sus efectos, la UE debe reaccionar con medidas que flexibilicen los objetivos de la PAC, pero no debe renunciar a seguir adelante con sus compromisos en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones, ya que en ello nos va el futuro.

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Las redes sociales son un banderín de enganche para el discurso emocional de la protesta. El escenario no es fácil.

P. Como experto en organizaciones agrarias ¿Qué análisis hace de las protestas del 20 de marzo, sobre las que ya escribió, o los llamamientos que surgen para nuevas movilizaciones al calor de las manifestaciones de agricultores en Holanda, y que se apoyan, con frecuencia, en estos argumentos contra la sostenibilidad medioambiental?

R. Llevo cuarenta años siguiendo el tema de las organizaciones agrarias. Fue mi tema de especialización y sobre el que hice mi tesis doctoral, con lo cual es un tema que sigo con pasión y con cariño. De hecho, este Anuario, que llevo coordinando casi 30 años, el de la Fundación de Estudios Rurales, es el Anuario de un sindicato, la Unión de Pequeños Agricultores. Incluso, en esta edición, escribo un artículo sobre el malestar agrícola y las protestas que es una ampliación del que publiqué en el Diario Rural.

Ahí, en ese artículo, hago un análisis más de fondo sobre este tema del malestar agrícola y rural, manifestando mi inquietud ante un escenario muy complejo como el actual, con la irrupción de las tecnologías de la comunicación y la difusión de medias verdades e incluso bulos y mentiras descaradas.

Es un escenario en el que se da, por un lado, la lógica de la protesta agrícola, que es una lógica de problemas inmediatos que exigen, por tanto, soluciones inmediatas por parte de las administraciones, y por otro, la lógica de las políticas públicas, que son, por la propia naturaleza de muchas de sus acciones, medidas de medio y largo plazo. Algunas sí pueden ser de efectos directos, como por ejemplo el pago de las ayudas directas de la PAC, el decreto de sequía o la fiscalidad agraria. Pero en la mayor parte de las políticas emprendidas desde el MAPA, como la ya citada Ley de la Cadena Alimentaria, sus efectos sólo se ven a medio y largo plazo. Y ahí se produce un choque entre la necesidad que tiene el agricultor de que sus problemas sean resueltos a corto plazo, y las respuestas de los poderes públicos, que tienen otro ritmo.

Y, en medio de ese escenario, se encuentran las organizaciones agrarias, cuya función es captar la problemática del sector, movilizarlo si es necesario, darle forma en propuestas concretas y trasladar sus demandas a la mesa negociadora con los poderes públicos. Así funcionan las democracias.

Las organizaciones agrarias son un canal de intermediación entre el sector y el MAPA u otros ministerios, y son conscientes de que los acuerdos que se consiguen en la mesa negociadora no siempre tienen efectos inmediatos en la solución de los problemas de los agricultores.

Esta situación es complicada y ha existido siempre, siendo el escenario habitual donde se desarrolla el papel de las organizaciones agrarias. Eso mismo ocurre en otros ámbitos del sindicalismo general, tal como puede verse en las centrales sindicales como UGT y CC.OO. y su papel de intermediación ante la patronal y el gobierno.

¿Cuál es el problema al que se ven afectadas actualmente las organizaciones agrarias? El problema es que, hoy en día, las redes sociales son cajas de resonancia que trasladan a la opinión pública de forma inmediata los problemas de los agricultores que tienen problemas, ya que los que van bien, no suelen protestar. Hoy es muy fácil, a través de una página web o de una plataforma digital, crear una organización agraria de carácter virtual, sin base territorial alguna, pero con capacidad suficiente para ser un eficaz banderín de enganche, canalizando por la vía emocional el discurso de la protesta.

Y eso plantea un problema evidente a las organizaciones agrarias de carácter más tradicional, que se ven en muchas ocasiones con dificultades para contrarrestar ese discurso emocional con argumentos razonados que, en situaciones extremas, son más difícil de asimilar por los agricultores con problemas e indignados. Por eso, las organizaciones agrarias tienen que adaptar sus propias estrategias de acción colectiva para intervenir tanto en ese terreno más directo y cercano a los agricultores, como para seguir trabajando en el ámbito de la concertación y negociación. Tienen que movilizar, estar presentes en las grandes protestas agrícolas, pero también tienen que plantear propuestas razonables y factibles en las mesas negociadoras ante los poderes públicos, a sabiendas que muchas veces los efectos de lo que allí se acuerde no tendrá efectos inmediatos.

Ese es el reto más importante al que se enfrentan las grandes organizaciones agrarias. Tienen experiencia, disponen de instrumentos (a través de su estructura territorial y de las redes sociales, que también utilizan), pero, aun así, el escenario no es fácil.

Sobre la protesta y el malestar agrícola hay que decir que no es siempre tan generalizada ni está tan extendida como pueda parecernos. Basta con que haya un grupo de agricultores que proteste y haya un grupo político, el que sea, que canalice esa indignación ofreciendo soluciones fáciles a problemas complejos, aunque no les dé solución, para que todo ello genere un escenario de conflictividad.

Sobre este tema, quiero señalar que la agricultura es un sector tan heterogéneo y diverso, que podemos encontrar todas las situaciones posibles: desde agricultores que están haciendo buenos negocios y obteniendo pingües beneficios, a agricultores que lo están pasando realmente mal y que están al límite, y a agricultores que, teniendo medios, necesitan ayuda y acompañamiento para seguir avanzando en el proceso de modernización. Todo depende de dónde pongamos el foco.

Si ponemos el foco en los agricultores con problemas, tenemos la impresión de que todo el sector agrario está con problemas. Si ponemos el foco en los pequeños agricultores del sector olivarero, por ejemplo, que tienen realmente problemas y muy graves, puede parecer que todo el sector está en crisis, pero cuando lo analizas con más detalle, resulta que no es así, y que muchos productores obtienen un buen nivel de rentabilidad en sus explotaciones. Y lo mismo ocurre con el sector del viñedo o el sector ganadero. Hay que distanciarse algo para poder abarcar la realidad compleja y diversos del sector agrario.

Tenemos que acostumbraros a analizar la agricultura con la dosis suficiente de realismo como para comprender que es un sector muy diverso y que en él podemos encontrar problemáticas muy diversas.

P. Otra de las cuestiones que recurrentemente genera alguna crítica por parte de agricultores son los seguros agrarios y su capacidad de ser un mecanismo realmente útil, como ocurrió tras las heladas de principios de primavera. ¿Qué opinión le merece el sistema de seguros agrarios?

R. El sistema español de seguros agrarios es modélico. Es valorado muy positivamente por la UE, y muchos países están copiando el modelo español. El Ministerio de Agricultura ha dedicado también, desde el punto de vista presupuestario, cantidades importantes para la bonificación de las primas de los seguros. Pero como cualquier sistema de seguros, tiene que adaptarse a los cambios que se producen en las situaciones de riesgo, incorporando nuevas modalidades de seguros, cosa que ya se viene haciendo en ENESA, la empresa que gestiona el sistema de seguros agrarios en España. Lo que ocurre es que esa adaptación no siempre va en sintonía con los ritmos de las incidencias, yendo por lo general algo detrás de ellos, lo que explica la sensación de desprotección que puedan tener los agricultores. Corresponde a las organizaciones agrarias trasladar esas nuevas situaciones a los órganos de participación que tienen en ENESA.

En un contexto cada vez más complejo, la divulgación es absolutamente necesaria.

P. En nuestro artículo publicado en el Anuario, concluimos con un mensaje sobre la necesidad de acciones comunicativas y divulgativas para poner en valor el medio rural y reducir la brecha que parece abrirse entre el medio rural y el urbano o aclarar falsos mitos o argumentos poco rigurosos ¿Qué importancia le concede a estas acciones?

R. Yo soy un investigador científico convencido de la necesidad de la divulgación. Me apasiona la divulgación y procuro practicarla. Es muy necesaria la divulgación seria, rigurosa, con base científica. Y creo que ahora tenemos una oportunidad fantástica a través de las redes sociales, de los diarios digitales de las conferencias presenciales o telemáticas, o de plataformas como la de CoCampo.

La divulgación debe ser una responsabilidad de todos: del propio sector, a través de las organizaciones agrarias y de las cooperativas (que hacen una labor de divulgación muy importante), y también de las empresas de servicios y suministros de insumos. Todo suma en pro de la divulgación, siempre que se haga de forma rigurosa y científica.

En un contexto como el actual cada vez más complejo, sometido a incertidumbre, y de una agricultura también cada vez cada más compleja, sometida a nuevos factores de riesgo, con unas tecnologías que cambian constantemente a través de procesos innovadores, la divulgación es absolutamente necesaria para que los agricultores no se queden atrás, sobre todo los de pequeñas y medianas explotaciones, que son los que menos medios tienen para informarse por sí mismos.

En este tema, todo tenemos una responsabilidad social, tanto los que estamos en el mundo académico, como los que sois líderes de opinión desde el sector privado. Para mí es clave, es fundamental, para evitar que se desarrolle una nueva brecha en el sector agrario.

Cocampo es un proyecto digno de elogio

P. En Cocampo tenemos el propósito de contribuir a la prosperidad de la economía agraria, facilitando el acceso a la tierra. Â¿Le parece que podemos ayudar a resolver este grave problema?

R. Es muy loable vuestra plataforma, Cocampo. Sobre todo, porque habéis definido un problema, que es la falta de transparencia que hay en el mercado de la tierra. A diferencia de otros mercados de suelo, el de las tierras agrícolas está sometido todavía a una gran opacidad y a hábitos ancestrales que hay que superar, si queremos contribuir a la renovación generacional del sector agrario.

Es necesario que el vendedor pueda ponerse en contacto con el comprador, y que el comprador pueda conocer la oferta real que hay de suelo agrícola. Y en eso me parece que Cocampo es un proyecto digno de elogio.

Pero también es cierto que no basta con que el mercado sea trasparente para asegurar que los jóvenes vayan a adquirir tierra y hacerse agricultores.

El hacerse agricultor no es sólo un problema de acceso a la tierra, que lo es, sin duda, pero también requiere capital, formación profesional, y que la profesión agrícola y ganadera se considere atractiva… Por eso es un compendio de factores que van más allá del mercado de la tierra: son factores culturales, de incentivos fiscales, de formación… los que intervienen.

El relevo generacional es absolutamente necesario para la agricultura, porque, sin jóvenes, los grandes retos de la agricultura (en materia de digitalización, transición ecológica, innovación tecnológica…) no se van a poder llevar a cabo. Por eso debe plantearse como un asunto de Estado: debe afrontarse no desde un sector de la administración, sino de forma integral implicando a los distintos ministerios, comunidades autónomas y entidades locales, para ir resolviendo los obstáculos y poder acompañar las iniciativas ya en marcha por parte de los jóvenes emprendedores.

Hay que pensar en medidas que faciliten el acceso a la tierra a los jóvenes que quieran ser agricultores y les ayude en materia de vivienda en los municipios rurales. También hay que desarrollar campañas de comunicación que dignifique la profesión de agricultor trasladando la idea de que hoy trabajar en la agricultura no es hacerlo en un sector atrasado, rancio y sometido a las inclemencias del tiempo, sino en un sector tan moderno como el de las empresas de informática o de ingeniería.

Por eso debe ser un asunto de Estado, implicando a todos los ministerios y a todos los agentes sociales y económicos.

Las ayudas directas de la PAC suponen en muchos casos más de un tercio de la renta de los agricultores

P. La digitalización es uno de los retos del sector, cada vez, además, más urgente por razones de sostenibilidad no solo medioambiental, sino económica. ¿En qué punto nos encontramos?

R. Hay que distinguir entre el agricultor que, como empresario, como emprendedor, toma la iniciativa y no está a la espera de que venga el poder público a resolverle sus problemas, sino que innova y que incorpora las nuevas tecnologías digitalizando la gestión de su explotación. Es verdad que este grupo de agricultores innovadores y de vanguardia es relevante  en términos económicos, pero que aún es poco significativo en términos numéricos. Son punteros, pero son pocos.

Luego hay un amplio y numeroso sector que sí necesita apoyo del poder público. ¿En qué forma? Pues con programas de ayudas a proyectos innovadores, y dando acceso a la Banda Ancha, que muchos agricultores no pueden tenerla.

Ahí sí el poder público tiene la responsabilidad de garantizar este tipo de servicios e infraestructuras. También puede incentivar los seguros agrarios para hacer frente nuevas situaciones de riesgos, o los avales a través de las sociedades de garantía recíproca y de la empresa pública SAECA. En este caso sí se está haciendo una labor importante, sobre todo pensando en los pequeños y medianos agricultores.

Además, es necesario reafirmar que las ayudas directas de la PAC suponen en muchos casos más de un tercio de la renta de los agricultores. Si no existieran estas ayudas directas (y es bueno decirlo ahora que se cumplen 60 años de Política Agraria Común) muchos de pequeños y medianos agricultores habrían desparecido.

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